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FGR libera nueva orden de captura contra Mauricio Funes por tregua entre pandillas

El fiscal de la República, Raúl Melara, aseguró que liberará una nueva orden de captura en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes, por los delitos de Agrupaciones ilícitas e Incumplimiento de deberes, en el contexto de la denominada tregua entre pandillas.

Esta sería su quinta orden de captura. Las cuatro anteriores están relacionadas con peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho activo (en caso El Chaparral).

“El expresidente Funes suma, este día, una nueva orden de captura en su contra por los delitos de Agrupaciones ilícitas e Incumplimiento de deberes, en el contexto de la denominada #TreguaConPandillas. Se librará la nueva orden a la PNC e Interpol”, informó Melara en su cuenta de Twitter.

Funes es señalado de haber ordenado, la negociación de la reducción de los homicidios con las pandillas a cambio de beneficios económicos y carcelarios, según Noé, el principal testigo de la Fiscalía.

En el mismo caso es procesado el exministro de Defensa, David Munguía Payés, para quien la referida jueza le otorgó arresto domiciliar y $10,000 como garantía para otorgarle el encierro en su casa.

“Todo lo anterior lleva a concluir, que las actividades que realizaron y permitieron ambos funcionarios a partir de los rangos que ostentaban, y el poder del cual disponían a partir de su cargos como Presidente de la República de El Salvador y de Ministro de Justicia y Seguridad, definitivamente favorecieron la permanencia de dichas estructuras criminales proscritas por Ley, es más, las fortalecieron y las llevaron a realizar cambios orgánicos en sus estructuras de liderazgo a partir de su reconocimientos de núcleos de poder”, según el requerimiento fiscal.

La acusación fiscal señala que “ninguno de los imputados, contrario a la obligación constitucional y legal que tenían, actuaron para evitar o en todo caso detener cuando se fueron concretizando, una serie de acciones que sistematizadas que quebrantaron el correcto funcionamiento de la administración penitenciaria y en materia de seguridad pública, a partir de la situación de riesgo que se había fomentado a partir del proceso ilegal que diseñaron y fomentaron”.